d) Los últimos años de la Dictadura
En 1973, Franco realiza un nuevo cambio de gobierno por el cual se dio una importante novedad. Desde 1936, Franco había concentrado en su persona la Jefatura de Gobierno y la de Estado. Ahora quedaban separadas, así como se decía en la LOE, nombrando a Carrero Blanco Presidente del Gobierno. Este actuó con dureza ante las huelgas de finales de 1973, encarcelando a los dirigentes de los sindicatos ilegales. A finales de 1973, un atentado preparado por ETA y posiblemente por los servicios secretos norteamericanos, acaba con la vida de Carrero Blanco.
Franco designó como nuevo presidente a Arias Navarro, en cuyo primer gobierno desaparecieron los tecnócratas y miembros del Opus Dei. El nuevo presidente del Gobierno trató de conciliar la represión y apertura política, legalizando las asociaciones políticas pero no los partidos políticos.
La crisis económica fue otro de los grandes problemas que se le planteó al gobierno de Arias Navarro, así a finales de 1973 comenzó una profunda crisis económica a escala mundial como consecuencia de la guerra entre árabes e israelíes, que afectó con mayor intensidad a los países occidentales provocando la rápida subida de los precios del petróleo decidida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
Los tres últimos meses de la vida de Franco sumieron al país en un clima de incertidumbre y de inseguridad. La dilata agonía del dictador se produjo en medio de ejecuciones de miembros de los dos grupos terroristas del momento (ETA y FRAP), manifestaciones de la extrema derecha y la descolonización del Sáhara. Las protestas internacionales ante las ejecuciones no se hicieron esperar, así las democracias occidentales expresaron sus quejas y el Vaticano mostró su malestar. La respuesta del régimen fue convocar una multitudinaria manifestación de masas en la Plaza de Oriente de Madrid como muestra de adhesión al Caudillo. El 20 de noviembre de 1975, después de varias operaciones quirúrgicas y numerosos intentos de mantenerlo con vida por temor al futuro inmediato, Franco falleció, finalizando así casi cuarenta años de gobierno personal.
a) La Transición a la democracia
A partir de noviembre de 1975, tras la muerte de Franco, empieza una nueva etapa para España. El Rey Juan Carlos I inicia su reinado dentro de los cauces marcados por la dictadura franquista, así realiza el juramento de fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, es decir, sigue el régimen franquista. Sin embargo, en su discurso de proclamación deja sospechar sus intenciones reformistas, no obstante, los primeros actos del monarca estuvieron dirigidos a tranquilizar al sector franquista más inmovilista, así como las FF.AA. El Rey da a entender la continuidad de Arias Navarro como Presidente del Gobierno, aunque colocó a su antiguo profesor de Derecho político, Fernández Miranda, al frente de las Cortes y del Consejo del Reino, obligando a Navarro a contar en su Gobierno con figuras partidarias del reformismo franquista como Fraga.
Al mismo tiempo inicia contactos con la oposición y con los principales líderes de los países europeos con el objetivo de conseguir el apoyo necesario para llevar adelante los cambios suficientes que permitieran instaurar una democracia en España. El Rey cumple el deseo de la Junta Democrática y libera a los detenidos por razones políticas o sindicales, como Marcelino Camacho, líder del clandestino sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.)
Arias Navarro continúa insistiendo con su Ley de Asociaciones Políticas de 1974, pero es evidente que resulta insuficiente. La crisis económica y el malestar social tras la crisis del petróleo (1973) arrasan al país con numerosas huelgas, mientras el ministro de Economía decreta la congelación de los salarios, acentuando los conflictos sociales. Ante esta situación, la reacción del Gobierno de Arias Navarro fue de gran dureza (los sucesos de Vitoria (País Vasco), donde la policía reprimió duramente a los manifestantes) de manera que para la Reforma fuera viable era necesario ir desplazando del poder a los partidarios del inmovilismo.
Así, aprovechando el malestar generalizado del país, el Rey comunicó al Presidente del Gobierno de manera indirecta desde EE.UU. donde estaba realizando su primer viaje al exterior como Jefe del Estado, su descontento por la marcha de los asuntos económicos y sociales del país, de manera que Arias Navarro, al sentirse cuestionado, presentó su dimisión rápidamente. Fernández Miranda logra que el Consejo del Reino incluyese como candidato a Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez. De esta manera, en julio de 1976, el Rey nombra presidente del Gobierno a Suárez, ante las críticas de la oposición dado su origen falangista y de los propios franquistas.
Este Gobierno concedió una amnistía que liberó a cerca de 400 presos políticos y nombró vicepresidente al general Gutiérrez Mellado. Además para evitar cualquier intento por parte de las FF.AA. contrario al proceso reformista, Suárez se entrevistó con los principales generales en activo y los tranquilizó sobre sus intenciones, que fueron aceptadas con la condición de que no se legalizara el Partido Comunista de España (PCE).
El proceso de aperturismo político culmina con la Ley para la Reforma Política (última de las Leyes Fundamentales que servía para desmontar las anteriores). A finales de 1976, Suárez convoca un referéndum para que el pueblo español se pronunciara respecto de dicha ley. El resultado del referéndum fue favorable para el Gobierno por abrumadora mayoría. La Ley para Reforma Política, elaborada por Fernández Miranda, abogada por una reforma de las instituciones franquistas según el principio “de la ley a la ley” y obligaba al Gobierno a convocar elecciones generales. Antes de hacerlo era preciso legalizar la existencia de los múltiples partidos políticos que se postulaban, así como formular las normas por las que debían regirse tales elecciones. En este sentido, el PSOE y muchos otros partidos fueron legalizados antes de que terminara el año, pero la no legalización de un partido al que se creía con numerosos votantes como era el PCE replanteaba la legitimidad de dichas elecciones. En consecuencia, durante las vacaciones de Semana Santa de 1977 fue legalizado, pero bajo el temor a una respuesta militar.
Finalmente, las elecciones generales se celebraron el 15 de junio bajo el sistema de sufragio universal y representación proporcional, acudiendo los siguientes partidos:
-UCD (Unión de Centro Democrático), que era un conjunto de ideas democristianas, socialdemócratas y liberales, dirigido por Adolfo Suárez.
-AP (Alianza Popular), que acogía a varios exministros de la época franquista, estaba encabezada por Fraga.
-PSOE (Partido Socialista Obrero español) se presentaba como un partido reforzado con grandes expectativas de voto, liderado por González.
-PSP (Partido Socialista Popular) que terminaría fusionándose con el PSOE, encabezado por Tierno Galván.
-PCE (Partido Comunista de España) que Santiago Carrillo, que concurrió en solitario.
En esas primeras elecciones democráticas tras el régimen franquista, el pueblo español apoyó la estabilidad al votar a los que habían iniciado la reforma, así la UCD salió vencedora.
Suárez, al frente de UCD, formó un nuevo Gobierno que al no tener mayoría tuvo que apoyarse en otros partidos. Por otra parte, casi todos los miembros de las Cortes estaban de acuerdo en la necesidad de redactar una Constitución. Por lo tanto, esta I Legislatura sería constituyente.
b) Los Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978.
El Gobierno de UCD y las nuevas Cortes se enfrentaron a dos retos históricos: por un lado poner fin a la crisis económica y por otro elaborar una nueva Constitución. En ambos casos, gobierno y oposición consiguieron llegar a acuerdos consensuados. Algo parecido ocurrió con una de las cuestiones más delicadas de la nueva democracia, como fue el de las nacionalidades históricas sin poner en peligro la unidad de España.
Los problemas económicos se hacían evidentes, así el estancamiento del Producto Interior Bruto (PIB), la inflación, el incremento del déficit público y sobre todo el aumento del paro eran signos inequivocables. Por otra parte, la inexistencia de una política fiscal adecuada impedía afrontar los problemas socioeconómicos, a lo que se unía la inestabilidad política provocada por la Transición. El resultado de esa falta de voluntad política fue que, mientras los demás países desarrollados retomaban el camino del crecimiento, los desequilibrios de la economía española eran tales que a mediados de 1977 se pensaba que el país iba hacia el subdesarrollo.
Para evitar esta regresión, se inició un Programa de Saneamiento y Reforma de la economía que sirvió de base a los Pactos de la Moncloa consensuados y firmados en octubre por el gobierno, la patronal empresarial y los sindicatos.
Tales pactos, suscritos por el ministro de economía Fuentes Quintana, suponían dos tipos de acuerdos: económicos y políticos. En el aspecto económico, se procuraba el saneamiento mediante el equilibrio de la balanza exterior y la reducción de la inflación, para lo que eran necesarias reformas fiscales (creación del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas – IRPF), financieras y laborales. En el aspecto político se acordó frenar la tensión interpartidista. El resultado fue que hacia 1979 España había encontrado el camino del desarrollo equilibrado sostenido. Pero justo cuando se había conseguido, se produjo una nueva crisis energética y los precios del petróleo volvieron a dispararse como consecuencia de la guerra entre Irán e Irak, iniciándose una nueva etapa de recesión. Para mitigar las altas tasas de desempleo que se estaban produciendo, en 1981 el nuevo gobierno de Calvo Sotelo firmó con los sindicatos y las organizaciones empresariales el Acuerdo nacional de empleo, el futuro Instituto Nacional de Empleo (INEM).
Las elecciones de 1977 se habían realizado para dotar a España de una Constitución que asegurase las libertades democráticas. Se decidió que era conveniente llegar a acuerdos previos para que la futura Constitución fuese consensuada, de tal forma que pudieran estar de acuerdo desde la derecha hasta los comunistas. El objetivo consistía en que no se cayera de nuevo en la inestable historia constitucional española, cuando cada tendencia política gobernaba con su propia constitución. Los padres de la Constitución fueron los siete políticos que integraron la ponencia constitucional:
-UCD, Herrero de Miñón, Pérez Llorca y Gabriel Cisneros
-PSOE, Peces Barba
-CiU, Roca i Junyent
-AP, Fraga Iribarne
-PCE, Solé Tura
A mediados de 1978 el Congreso de los Diputados aprobaba el nuevo texto por amplia mayoría, votando en contra tan sólo la extrema derecha, la extrema izquierda y los nacionalistas vascos. En diciembre del mismo año se sometió a referéndum nacional, ganando el sí mayoritario aunque con una amplia abstención en el País Vasco.
Nuestra Constitución consta de:
1 Título Preliminar que avanza las características del texto
10 títulos desarrollados a los largo de 169 artículos.
4 disposiciones adicionales
9 disposiciones transitorias
1 disposición derogatoria
1 disposición final
Por otra parta, se asienta sobre un conjunto de principios y valores esenciales: libertades, justicia, pluralismo político e igualdad ante la Ley, quedando definida España como un “Estado social y democrático de Derecho”. En consecuencia, se fija el sometimiento de los poderes a la legalidad, de manera que la acción de los gobernantes será limitada por Derecho. Por otra parte, se garantiza la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas que se tomen a través de los distintos representantes libremente elegidos, se afirma la obligación del Estado de promover el Estado de bienestar colectivo interviniendo en la economía y con prestaciones públicas socioeconómicas para asegurar a todos los ciudadanos unas condiciones de vida dignas.
Las instituciones fundamentales son:
-Jefatura del Estado: el Rey ocupa la Jefatura del Estado, su cargo es vitalicio y la Corona hereditaria.
-Poder Judicial: el Tribunal Constitucional (TC) controla la constitucionalidad de todas las normas y leyes, además de resolver los posibles conflictos entre el Estado Central y las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actúa como órgano de los jueces.
-Poder Legislativo: las Cortes Generales están formadas por un sistema bicameral integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado, reservándose el ejercicio de varias funciones: la elaboración de leyes, el control de la actividad gubernamental, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) (ley que se aprueba cada año), y la autorización de tratados internacionales. Ambas cámaras son representativas, pues sus miembros son elegidos por sufragio universal directo y secreto.
-Poder Ejecutivo: el Gobierno está compuesto por el Presidente y los ministros, ejerce la función ejecutiva y la dirección política interior y exterior. Este cargo se renueva cada 4 años, su elección se hace en el Congreso de los Diputados mediante un proceso llamado investidura.
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